Colombia enfrentada a un cambio de tipo estructural

REQUERIMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL SECTOR CALZADO ANTE EL AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO 2026

ES realmente fácil incrementar el Salario Mínimo de los colombianos por decreto y evitar con ello la discusión que exige tal medida con empresarios y trabajadores. Tal como lo anticipó el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, quien no asistió a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, espacio de concertación para su definición establecido mediante la Ley 278 de 1996, el Gobierno ya tenía previamente decidido definir por decreto el incremento del salario mínimo en Colombia para 2026, fijándolo en $1.750.905 más auxilio de transporte para un ingreso total de $2.000.000, lejos de los estimativos y propuestas del sector empresarial.

Con ello, desconoció dicha ley y el Código Sustantivo de Trabajo y se soportó para su definición en una particular interpretación del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia que establece “el derecho fundamental de todo trabajador a una remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de su trabajo”. Lo cual difícilmente se hubiese podido acordar, a la luz de las estadísticas, en la referida Comisión.

Con el aumento decretado, el país se ve necesariamente enfrentado a un cambio de tipo estructural tanto en la política laboral como en la económica. Es evidente que dicho aumento, que está orientado, teóricamente, a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y dinamizar el consumo interno, plantea desafíos significativos para sectores productivos intensivos en mano de obra, como el del calzado, que solo con el diseño y la aplicación de políticas públicas integrales y estratégicas podrán ser enfrentados. Lo fácil era expedir el decreto.

COHERENCIA Y CONTRADICCIONES CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Ahora bien, no cabe duda de que la medida se alinea con el eje de “Seguridad humana y justicia social” del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, que busca superar exclusiones históricas y mejorar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. Y allí el concepto de salario vital, que se fundamenta en la democratización de la riqueza y la promoción de un consumo interno robusto, hace coherencia con el incremento.

Sin embargo, la coherencia ideológica que lo soporta debe traducirse en acciones concretas que eviten efectos adversos previsibles como la inflación descontrolada, la informalidad laboral y la pérdida de competitividad. Y, de manera destacada, en el corto plazo, el efecto sobre el incremento de los costos laborales, lo que puede presionar a las micro, pequeñas y medianas empresas de sectores como el del calzado, muchas de las cuales operan con márgenes reducidos, a ajustes en la estructura de costos, reducción de personal o aumento de precios, afectando la competitividad y la demanda.

Del mismo modo, no habría mucha discusión sobre el impacto social de mejorar el ingreso mínimo y con ello aportar a la reducción de la pobreza y la desigualdad, fortaleciendo el poder adquisitivo de los trabajadores y sus familias, si dicha medida se acompañara de políticas de formalización y capacitación, que eviten el incremento acelerado de la informalidad y la precarización laboral.

¿MEDIDA PROGRESISTA, POPULISTA O TAUTOLOGÍA POLÍTICA?

Es un hecho que la mayor discusión que ha generado la medida se relaciona con los soportes técnicos con los que se busca su validación. Afirmar, como lo ha hecho el gobierno, que dicho aumento es el resultado de una política exitosa (“la política es exitosa porque los salarios suben, y los salarios suben porque la política es exitosa") es, más que una falacia, una tautología. En ésta, el punto más crítico está en afirmar que el aumento salarial generará por sí mismo productividad, cuando en economía, la productividad suele ser la causa del aumento salarial sostenible, no su consecuencia. Al decretar un aumento del 23% basado en un deseo de justicia y no en una mejora de la Productividad Total de Factores - PTF - (que fue de solo 0,91% en 2025), el Gobierno asume que la realidad se ajustará al decreto, ignorando variables externas como la inflación, la destrucción de empleo formal o la pérdida de competitividad en sectores como el calzado, lo cual es visto como voluntarismo político con una alta carga de demagogia, populismo y, sobre todo, oportunismo con fines exclusivamente políticos en el escenario pre electoral del presente año.

¿Y EN EL SECTOR DEL CALZADO?

Las estadísticas demuestran que el sector del calzado colombiano enfrenta una competencia internacional fuerte, especialmente de países con costos laborales más bajos y cadenas productivas más tecnificadas. En este sentido, no cabe la menor duda, que, sumado a los efectos de informalidad y precarización laboral, el aumento salarial decretado, sin mejoras en productividad, puede continuar erosionando la capacidad exportadora del sector y su participación en el mercado interno, ante el inevitable aumento de su estructura de costos, dada la consecuente proyección de la inflación en el presente año que arrastra la medida, el incremento de las importaciones legales ante la pérdida de competitividad frente a países como China y Vietnam, agravada por el comportamiento de la tasa de cambio y el muy seguro incremento del contrabando.

POLÍTICAS PÚBLICAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA EN EL SECTOR

Ante el escenario que plantea el incremento del salario mínimo para el presente año y en línea con buscar que éste se convierta en un verdadero factor de desarrollo y equidad, se plantea una serie de medidas de política, generales y de particular pertinencia para el sector de calzado, que no reflejan otra cosa que la necesidad de ahondar en la superación de obstáculos que históricamente ha enfrentado su proceso de eficiencia productiva y desarrollo empresarial.

1. PRODUCTIVIDAD Y TECNIFICACIÓN

Inversión en innovación tecnológica para modernizar procesos productivos y reducir costos.

Programas de formación técnica para mejorar la calificación de la mano de obra y cerrar brechas de productividad.

2. FORMALIZACIÓN LABORAL

Incentivos fiscales y simplificación administrativa para facilitar la formalización de micro y pequeñas empresas.

Estrategias de acompañamiento y fiscalización que promuevan la formalidad sin afectar la viabilidad empresarial.

3. COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL

Fortalecimiento de la lucha contra el contrabando y prácticas desleales.

Apoyo a la exportación mediante promoción de diseño, calidad y acceso a mercados internacionales.

4. REINDUSTRIALIZACIÓN Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

Redefinir el concepto y el modelo operativo de los actuales centros ZASCA para ampliar su cobertura, aumentar la escala productiva y la integración sectorial.

Fomento de alianzas entre micro, medianas y grandes empresas para fortalecer cadenas de valor.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

La efectividad del aumento del salario mínimo dependerá de la capacidad del Estado para implementar políticas públicas complementarias que mitiguen riesgos y potencien oportunidades. La articulación entre productividad, formalización y competitividad es clave para evitar que el aumento se convierta en un factor de inflación, desempleo o pérdida de mercado.

En este sentido, si bien es cierto que el aumento del salario mínimo para 2026 representa una oportunidad para avanzar hacia una economía más justa y equitativa, su éxito está condicionado a la implementación de una estrategia integral que combine justicia social con desarrollo productivo.

Para el sector del calzado, en particular, esto implica un compromiso decidido con la tecnificación, la formalización y la competitividad internacional, garantizando que el salario vital sea un motor de equidad y desarrollo sostenible y no un obstáculo para su logro. El reto está en pasar de la coherencia conceptual a la coherencia práctica: que el “salario vital” no sea solo un decreto, sino el inicio de un cambio estructural en la economía colombiana.

*El autor de este artículo es economista y toda una autoridad del sector calzado.